La «Tarjeta Familiar de Comunitario» es un documento esencial para los familiares de ciudadanos de la Unión Europea (UE), del Espacio Económico Europeo (EEE) o de Suiza que desean residir legalmente en España. Este servicio facilita la reunificación familiar y permite a los familiares del ciudadano comunitario vivir y trabajar en España en condiciones similares a las del propio ciudadano.
La tarjeta se emite de acuerdo con la legislación de la UE y se basa en el principio de la libre circulación de personas dentro del espacio Schengen. Los familiares que pueden solicitar la Tarjeta Familiar de Comunitario incluyen cónyuges o parejas registradas, hijos menores de 21 años o hijos dependientes, así como padres y abuelos en determinadas circunstancias.
El proceso para obtener la Tarjeta Familiar de Comunitario implica la presentación de varios documentos que demuestren la relación familiar con el ciudadano comunitario, así como la residencia y la identidad del solicitante. Estos documentos pueden incluir certificados de matrimonio, actas de nacimiento, pasaportes, comprobantes de residencia y otros documentos que varían según la situación familiar y las circunstancias específicas del caso.
Es importante tener en cuenta que la Tarjeta Familiar de Comunitario proporciona a los familiares del ciudadano comunitario el derecho a residir y trabajar en España, así como a acceder a servicios de salud y educación en condiciones similares a las de los ciudadanos españoles. Sin embargo, esta tarjeta debe renovarse periódicamente de acuerdo con la legislación española y de la UE.
Además, aquellos que poseen una Tarjeta Familiar de Comunitario pueden viajar libremente dentro del espacio Schengen sin necesidad de obtener un visado adicional, lo que facilita la movilidad dentro de Europa.
En resumen, la Tarjeta Familiar de Comunitario es un servicio fundamental que facilita la reunificación familiar y permite a los familiares de ciudadanos de la UE, del EEE o de Suiza residir y trabajar legalmente en España. Este documento es vital para garantizar el ejercicio de los derechos de libre circulación y residencia en el contexto de la Unión Europea.
